COMPARACIONES / 2

El IRA y el Sinn Féin siempre tuvieron enfrente a gobiernos británicos y a una clase política que compartían una misma postura para combatirles, con independencia de sus ideales. Margaret Thatcher marcó una pauta que fue respetada por John Major y después por Tony Blair. Además, y en una señal de madurez democrática, la sociedad británica les apoya sin fisuras: sabe quién es el enemigo que amenaza su sistema de libertades.

De la misma forma, a ningún sujeto que quisiera labrarse un porvenir en la carrera política se le ocurriría plantear una negociación con los terroristas irlandeses sin que éstos hubieran manifestado, en primer lugar y sin condiciones, su intención de entregar las armas. No menciono, por evidente, que ninguno se plantearía obtener un rédito político personal mediante una negociación viciada de origen y que pusiera en peligro el orden constitucional y social vigente en Gran Bretaña.

A comienzo de la década de los setenta, el gobierno irlandés aplicó la legislación vigente y prohibió a todos los medios de comunicación la emisión de entrevistas y mensajes de personas vinculadas a organizaciones criminales. En 1988, las autoridades británicas siguieron el ejemplo y extendieron dichas prohibiciones a todo el territorio: los terroristas y sus representantes quedaron todavía más aislados de la sociedad; Daniel Morrison, Responsable de Prensa del Sinn Féin, así lo reconoció. Es cierto que se elevaron protestas por lo que se consideró una limitación a la libertad de expresión, pero al final se aceptó que la protección de la democracia requería la aplicación de medidas severas.
De nuevo más comparaciones con el País Vasco. Los diferentes gobiernos españoles se han enfrentado a ETA mediante heterogéneas estrategias: negociación y guerra sucia (PSOE- F.Gléz.); conversaciones, Pacto Antiterrorista y firmeza (PP- Aznar); genuflexión, disculpa y cesión (PSOE - ZP). En mi opinión es irrefutable que los mejores resultados se obtuvieron con la política férrea y sin fisuras que desarrolló el gobierno Aznar; la situación de los terroristas vascos en el año 2004 así lo atestigua. Otra diferencia respecto a Irlanda es la actitud de los otros partidos políticos. También me parece categórico si digo que en varios casos — PNV y ERC — se han concedido oportunas ayudas a ETA y a su entorno, llegando, incluso, a la obtención de beneficios políticos — nueces y árbol — o a una abierta colaboración: ¿Cuántas víctimas ha sufrido el PNV?, ¿qué instrucciones ha recibido la Ertzaintza respecto a la lucha contra el terrorismo?, ¿ha colaborado sin ambages la policía autonómica vasca con otros cuerpos policiales?, ¿por qué aparece alguien del PNV vinculado a las redes de extorsión de ETA?, ¿por qué se entorpece la aplicación de la ley?...¿de qué lado están? Si las cuestiones son turbadoras, las respuestas lo son aún más; pero un gobernante no debe ejercer su labor con la imprecisión por bandera y el doble juego por norma. Una «actitud decidida» no debe resumirse en declaraciones de condena estereotipadas o formar parte de los que sujetan la pancarta en las gastadas — por uso, abuso, inutilidad e hipocresía — manifestaciones de repulsa. Aunque es incómodo, conviene recordar cuál fue la actitud de algunos de esos tibios cuando el PP, en una hábil tenaza sobre ETA y sus compinches, atacó las fuentes de financiación de la organización terrorista y clausuró sus medios de comunicación. No sé ustedes, meine Damen und Herren, pero a mí me hubiera gustado escuchar voces resueltas por parte de algunos y el silencio de aquellos que abiertamente criticaron esas decisiones, que se aplicaban en cumplimiento de resoluciones judiciales. Supongo que esa dosificada y arbitraria tibieza obedece a la preocupación por conseguir un nicho electoral más amplio y mantener el que se posee. En resumen, perseguían la consecución de réditos electorales y partidistas.
En cuanto a la actitud de los medios de comunicación debo decir que sirve de altavoz para las actuaciones de los terroristas y de sus representantes. Sería conveniente, aunque es impensable su aplicación en España, limitar la posibilidad de que los terroristas hagan llegar sus mensajes de forma constante a la sociedad. Aún en la actualidad, podemos observar el tratamiento que otorga la B.B.C., por ejemplo, a cualquier noticia relacionada con temas de terrorismo que afecten a Gran Bretaña, ya que son conscientes de que también se libra una batalla por la comunicación, algo que forma parte de las denominadas guerras de cuarta generación.
Resulta increíble que Arnaldo Otegui todavía se pasee libremente después de los atentados del día 30; acuse al gobierno; desprestigie a otros estamentos; justifique lo injustificable; amenace y se conduzca como el representante de un poder fáctico que puede tratar en igualdad de condiciones a toda una nación y a las instituciones que la personifican. En cada ocasión que el mencionado sujeto reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ZP y el PSOE, la credibilidad de ambos — inexistente en mi opinión pero no así para otras personas — se cuartea. No es conveniente que el gobierno de un país dé la imagen de estar siendo extorsionado por una panda de criminales. La razón es obvia: es fácil que algunos se planteen el porqué son chantajeados. De nuevo, inquietud ante la respuesta.

ZP es un claro ejemplo de lo que la profesora Elisabeth Noelle-Neumman define como «espirales de silencio». Dicho fenómeno provoca que las opiniones que reciben un apoyo claro y pueden comunicarse sin problemas tomen la apariencia de que son más fuertes de lo que en realidad son al compararse con otras que se mantienen en silencio o no se expresan con claridad. Las consecuencias de la «espiral de silencio» son fatales: incredulidad, inhibición y marginación. Alguien debería reflexionar en el PP.